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Contraloría formula cargos contra Jadue y alcalde se defiende: «Es impresentable que prejuzgue y sentencie un sumario no terminado»

«Ante esto, nos vemos obligados a ejercer las acciones judiciales necesarias, por los graves hechos que hemos visto a través de diversos medios de comunicación», cerró Daniel Jadue.

La Contraloría General de la República le informó a Daniel Jadue (PC), alcalde de Recoleta, la formulación de cargos, en el marco del sumario que se desarrolla por eventuales faltas a la probidad en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

Jorge Bermúdez expresó desde el Congreso que “la Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios por traspasos de dineros que se hicieron a la Asociación de Farmacias Populares. A partir de un informe de auditoría que también había hecho Contraloría, efectivamente hay irregularidades que son relevantes: falta de control, hay gastos que no fueron acreditados, hay convenios que faltan, hay falta de supervisión del punto de vista jerárquico”.

En esta línea, el contralor explicó que “en este momento lo que se abre en un periodo de descargos por parte de los inculpados, uno de ellos el alcalde, y luego se tiene que proceder a determinar cuál es la responsabilidad”.

Ante estas palabras, el alcalde Jadue se valió de las redes sociales para cuestionar el actuar de Contraloría, señalando que “llama la atención que el propio contralor comente un sumario administrativos antes de su finalización, pues vulnera el principio de inocencia”.



Pero el jefe comunal de Recoleta fue más allá y fue enfático en indicar que “es impresentable que el propio Contralor prejuzgue y sentencie públicamente un sumario no terminado y al contrario no ordene una investigación interna por filtración de un sumario, donde aún no hay culpables”.

“Ante esto, nos vemos obligados a ejercer las acciones judiciales necesarias, por los graves hechos que hemos visto a través de diversos medios de comunicación”, cerró Daniel Jadue.

Caso Farmacias Populares

Según Contraloría, se indaga la firma de convenios de carácter ilegal entre las municipalidades de Recoleta y Paillaco, junto con el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), con las farmacias populares, por montos que llegan a 613 millones de pesos fiscales.

El organismo contralor además dio cuenta de la falta de fiscalización en el traspaso de recursos municipales a Achifarp, apuntando que la asociación de farmacias populares “no puso a disposición los antecedentes relativos a procedimientos establecidos para la adquisición de medicamentos, canalización y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas”.

A ello se suma la no entrega de los estatutos de la Asociación para su auditoría, así como de sus actas de directorio, asambleas o directrices que regulen el pago de cuotas de incorporación y mensualidades de los municipios participantes.

Contraloría también puso hincapié en el convenio entre Achifarp y la Universidad de Concepción para la elaboración del fármaco Interferón, donde solo se pagaron 25 millones de los 245 millones acordados.



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